Vot particular que
presenten els consellers Daniel Sirera i Bellés, Carme Figueras i Siñol i Eva
Parera i Escrichs a l’Acord 3/2016, de 19 de gener, del Consell Audiovisual de
Catalunya en relació amb els continguts de la secció “La portada”de Mònica Terribas del programa El matí de Catalunya Ràdio durant els
dies de campanya electoral del 27S
Els consellers sotasignats hem votat en contra d’aquest Acord,
aprovat per tres vots a favor, tres en contra i el vot diriment del president
del CAC, perquè considerem que en les diferents edicions de “La portada” analitzades
hi ha elements suficients per considerar que s’hi vulnera el Llibre d’estil de la CCMA i els
principis generals que han de complir els professionals dels mitjans públics,
especialment el de neutralitat i el d’imparcialitat.
En la web de la CCMA es defineix “La portada” com “un espai
d’opinió on Mònica Terribas marca la línia editorial del dia”. Al nostre entendre, la definició mateixa de
l’espai ja dóna cobertura a la possibilitat d’emetre opinions i a tenir línia
editorial, dues coses amb un encaix dubtós en un mitjà públic.
D’altra banda, l’espai “La portada” queda dins de la primera
franja del programa El matí de Catalunya Ràdio
considerada com a “franja informativa”, que abasta l’horari de les 6 del matí a
les 11 hores i, per tant, com a espai informatiu, està sotmès als principis d’imparcialitat,
veracitat, neutralitat i pluralisme.
L’epígraf 2.1.1.6.1.1.2.3 Sumaris radiofònics del Llibre d’estil estableix que “En els
sumaris o portades anunciem el contingut d’un programa o espai informatiu, amb
una selecció dels temes més rellevants que desenvoluparem després, o amb un de
sol. Tot i que les portades poden tenir un estil més personal i informal que
altres peces informatives, no hi podem expressar opinió. Sí que hi podem
interpretar la realitat i fins i tot introduir-hi algun element valoratiu,
sempre que mantinguem la imparcialitat de la informació”.
De l’anàlisi dels continguts de cada un dels espais “La portada”
dels dies 11 al 25 de setembre corresponents a la campanya electoral de les
eleccions al Parlament de Catalunya del 27S, se’n desprèn que la senyora Mònica Terribasno es limita a fer un sumari de les
notícies del dia i a anunciar el contingut del programa, sinó queemet judicis de valor i posicionaments
personals en qüestions polítiques determinades.
De l’anàlisi en conjunt de tots els judicis de valor i
posicionaments personals emesos, se’n
desprèn un posicionament polític que posa en relleu l’existència d’una línia
editorial que no s’hauria de produir mai en un mitjà públic, amb un deure clar
de neutralitat i imparcialitat. Aquest fet resulta encara més greu si es té
en consideració que s’ha produït en campanya electoral, on l’exigència de
neutralitat i d’imparcialitat és, si fos possible, més necessària.
Dado que se han publicado los
acuerdos adoptados por el CAC sobre el Informe remitido al Govern sobre la
difusión de contenidos donde se comparan planteamientos democráticos con
movimientos totalitarios o se hace apología, directa o indirecta, del uso
de la violencia frente a estos planteamientos, y el acuerdo de remisión a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin adjuntar los votos
particulares que hemos formulado las consejeras Elisenda Malaret i Carme
Figueras que, de acuerdo a la legalidad vigente, deberían haberse publicado
conjuntamente, lo publicamos.
Hemos votado favorablemente la
parte del acuerdo en que se trascriben las manifestaciones detectadas que
podrían corresponder a la petición formulada por el Gobierno de la Generalitat
(que es el origen del acuerdo).
En cambio, no hemos podido votar
favorablemente la segunda parte del acuerdo, dado que no compartimos los razonamientos
y las conclusiones jurídicas que lo fundamentan.
Lamentamos profundamente no
habernos podido sumar al acuerdo, ya que compartimos la preocupación respecto
de los peligros que un discurso exacerbante e intolerante puede causar a largo
plazo en las sociedades democráticas. La discrepancia está en una diferente
concepción de la libertad de expresión, ya que nosotras entendemos que
precisamente cuando estamos confrontados a expresiones e ideas que provocan
malestar e incluso repudio es cuando el juicio de una autoridad reguladora del
audiovisual tiene que ser más reflexiva. En el redactado de nuestros votos
particulares se explica detalladamente porqué entendemos que no se han
respetado las exigencias de la Constitución y del Convenio Europeo de los Derechos
Humanos. Reproducimos una parte esencial:
Entendemos que, si bien la
mayoría de las frases controvertidas no dejan indiferente ni son inofensivas, sino
todo lo contrario, "chocan, ofenden e inquietan" a una parte de la
población, en la medida que forman parte del discurso político deben ser
analizadas desde esta perspectiva. Esta aproximación es inherente al
pluralismo, a la apertura mental y a la tolerancia, sin las cuales no hay
sociedad democrática, como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) La protección del discurso
político, por muy desagradable que sea, exige examinar las declaraciones de
manera rigurosa y meticulosa. Como ha reiterado la jurisprudencia del TEDH y ha
establecido la Recomendación del Consejo de Europa sobre el discurso del odio
(1997), la exigencia de precaución, la necesidad de proceder a un análisis
especialmente minucioso, es fundamental y, por tanto, debe interpretarse
restrictivamente qué forma parte del discurso del odio. Los discursos o frases
citados en el Informe no se refieren a un grupo o colectivo determinado y
necesitado de especial protección por su situación de vulnerabilidad; las
manifestaciones no se dirigen contra una comunidad cuyos miembros puedan ser
objeto de discriminación o segregación por razones de raza, color, orientación
sexual, ascendencia o origen étnico o nacional (extranjeros) y, por tanto, no
se pueden inserir en lo que se denomina "discurso del odio"
Texto íntegro del voto particular:
VOTO PARTICULAR que emiten las consejeras
señoras Carme Figueras y Elisenda Malaret al Acuerdo 147/2013, de 20 de
noviembre, sobre la difusión de contenidos en los que se comparan
planteamientos democráticos con movimientos totalitarios o se hace apología,
directa o indirecta, del uso de la violencia ante dichos planteamientos
El contenido del
Acuerdo 147/2013, de 20 de noviembre, es el siguiente:
1.Aprobar el Informe de análisis 56/2013, de 15 de
noviembre, del Área de Contenidos del Consejo del Audiovisual de Cataluña,
sobre la difusión de contenidos donde en los que se comparan planteamientos
democráticos con movimientos totalitarios o se hace apología, directa o
indirecta, del uso de la violencia ante estos planteamientos y remitir dicho
informe al Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
2.Aprobar el Informe Jurídico 41/V/2013, de 18 de
noviembre, del Área Jurídica del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y remitir
dicho informe al Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Hemos votado favorablemente el apartado 1 -relativo a la aprobación de un Informe en
el que se transcriben las manifestaciones que podrían subsumirse en la petición
formulada por el Gobierno de la Generalitat - y, en cambio, hemos votado en contra del apartado
2, ya que no compartimos el alcance de la decisión adoptada en lo que se
refiere a la aprobación y la remisión de un informe elaborado por el Área
Jurídica del Consejo. Como expondremos a continuación, no compartimos ni los
razonamientos ni las conclusiones de este último informe. En el texto del
Acuerdo no se explicita en ningún momento que se asuma como propio del Pleno,
el órgano que tiene legalmente atribuidas todas las competencias decisorias del
Consejo del Audiovisual de Cataluña (artículo 8.3 de la Ley 2/2000). El
procedimiento decisorio ha estado, por otra parte, rodeado de deficiencias.
Lamentamos profundamente que no podamos sumarnos a la opinión de la mayoría
-obtenida con el voto dirimente del
presidente-, ya que
compartimos la preocupación en relación con los peligros que un discurso
exacerbado e intolerante puede causar a largo plazo en las sociedades
democráticas. Pero, en la medida en que diferimos de su concepción de la
libertad de expresión, no podemos aceptar el contenido de esta segunda parte
del Acuerdo. Entendemos que precisamente cuando estamos confrontados a
expresiones o ideas que provocan malestar e incluso rechazo, es cuando nuestro
juicio debe ser más reflexivo. Hay que evitar que nuestras convicciones
personales influyan en la forma de percibir lo que es o no verdaderamente
peligroso. Sólo lo que es verdaderamente peligroso para la sociedad democrática,
o para sus miembros individualmente considerados, queda fuera del amparo de la
libertad de expresión.
Justamente, con el derecho a la libertad de información nos encontramos
ante una pieza central de nuestro sistema de libertades, así como con un
elemento clave y determinante del buen funcionamiento del sistema democrático.
Tal como ya se ha podido deducir de lo señalado hasta aquí, sin una
comunicación libre (que incluye tanto a la libre expresión como a la libre
información) resulta imposible entender vigente el principio democrático
consagrado en el artículo 1.1 de la CE. Sin pretensión de exhaustividad, cabe
recordar que esa conexión entre el artículo 20 CE, también en cuanto a la
libertad de expresión, y la contribución a la formación de una opinión pública
libre como eje central de funcionamiento del sistema democrático, ha sido
destacada por parte del Tribunal Constitucional reiteradamente.
El Informe del Área Jurídica considera que “las emisiones efectuadas por los
prestadores de servicios de comunicación audiovisual 13tv e Intereconomía TV,
identificadas en los 43 fragmentos del Informe 56/2013 del Área de Contenidos,
constituyen una infracción muy grave tipificada en el artículo 57.1 de la Ley
general de comunicación audiovisual (LGCA), dado que de forma manifiesta fomentan
el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacionalidad u opinión”.
Por lo tanto, se infiere de este juicio que estas manifestaciones detectadas no
estarían amparadas por la libertad de expresión y de opinión.
Establecer una infracción que lleva aparejada una sanción constituye una
injerencia, en este caso, en una libertad fundamental en una sociedad
democrática. Para determinar la legitimidad de la medida que se propone de
manera implícita, deberemos examinar si se han respetado las exigencias
establecidas en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH).
Como se describe en el Informe aprobado por el Pleno a partir del documento
elaborado por el Área de Contenidos, las manifestaciones que se consideran
constitutivas de infracción han sido realizadas en espacios y formatos de
opinión que, generalmente, se sitúan fuera de los programas de carácter
informativo, con alguna excepción sobre la que luego volveremos. El análisis de
las manifestaciones que el Informe jurídico considera constitutivas de
infracción se deberá efectuar a partir del derecho fundamental a la libertad de
expresión y difusión de pensamientos, ideas u opiniones consagrado en el
artículo 20.1.a) de la Constitución. Como es sabido, el artículo 20 de la
Constitución proclama como derechos fundamentales la libertad de expresión y la
libertad de información (entendida tanto desde el punto de vista del emisor
como del receptor).
Cabe reiterar aquí, por otra parte, las diferencias existentes entre el
ejercicio de la libertad de información y el de la libertad de expresión, en la
medida que ambas libertades cubren ámbitos o modalidades diferentes de la
comunicación. Dichas diferencias son especialmente relevantes - tal como también se ha apuntado ya- en la medida que suponen la aplicación de
un régimen jurídico constitucional diferente en cada caso, en especial en lo
que respecta a los límites exigibles. Como podemos ver, por un lado, está claro
que el derecho a la libertad de expresión no puede, en principio, encontrar su
límite en la veracidad de lo que se comunica, en la medida que las ideas, las
opiniones y los juicios de valor, si bien pueden referirse a hechos reales,
presentan una naturaleza abstracta y estrictamente subjetiva, que hace
inaplicables los test de veracidad y diligencia y de deontología profesional
que sí son procedentes, en cambio, en relación con el ejercicio de actividades
informativas. Y, paralelamente, es evidente que la libertad de expresión
encuentra sus límites en el respeto al honor y la dignidad de las personas.
Habrá que tener presente la jurisprudencia del TEDH, que tiene un efecto
interpretativo, en relación con los derechos fundamentales recogidos en nuestro
texto constitucional. Como es ampliamente conocido, el Tribunal constituye una
pieza institucional fundamental del sistema europeo de protección de los
derechos fundamentales, basado en el CEDH de 4 de noviembre de 1950. De
especial interés resultan las sentencias del Tribunal en aquellos casos en los que
aplica y explicita el alcance de lo previsto en el artículo 10 del CEDH. Hay
que enfatizar, en cualquier caso, que las sentencias del TEDH referidas a
derechos y libertades, como el que ahora nos ocupa, son aceptadas como una
fuente interpretativa por parte de las jurisdicciones constitucionales de los estados
signatarios de la Convención, y utilizadas a menudo para interpretar el alcance
de los derechos reconocidos en los ordenamientos nacionales. Claramente, esta
es la opción que sigue nuestro Tribunal Constitucional de acuerdo con lo
previsto en el artículo 10.2 de la CE. De modo que, en definitiva, el recurso a
la jurisprudencia del TEDH permite aplicar un estándar unificado europeo de protección
de derechos y libertades reconocidos por la Constitución española.
Entendemos que, si bien la mayoría de las frases controvertidas -con una excepción sobre la que luego
volveremos- no dejan
indiferente ni son inofensivas, sino todo lo contrario, “chocan, ofenden e
inquietan” (caracterización bien conocida en las jurisprudencias occidentales y
típica en la jurisprudencia del TEDH) a una parte de la población y, en la
medida que forman parte del discurso político, deben ser analizadas desde esta
perspectiva. Esta aproximación es inherente al pluralismo, a la apertura mental
y a la tolerancia, sin las que no hay sociedad democrática, como ha señalado la
jurisprudencia del TEDH.
La protección del discurso político, por muy desagradable que sea, exige
examinar las declaraciones de manera rigurosa y meticulosa. Como ha reiterado
la jurisprudencia del TEDH y ha establecido la Recomendación del Consejo de
Europa sobre el discurso del odio (1997), la exigencia de cuidado, la necesidad
de proceder a un análisis especialmente meticuloso, es fundamental.
En esta dirección, entendemos que ni en el Informe del Área Jurídica, ni en
la fundamentación del Acuerdo se cumplen los requisitos que la jurisprudencia
del TC y del TEDH han establecido para admitir una limitación del derecho a la
libertad de expresión. No se procede en ningún momento a verificar en qué
medida existe “una necesidad imperiosa” para una sociedad democrática de
considerar que las manifestaciones realizadas deban ser sancionadas como
infractoras de la legalidad vigente -en este caso, contrarias a la Ley general de
comunicación audiovisual (LGCA)-, ni tampoco se examina si la medida sancionadora que se desprende de la
tipificación de la infracción es proporcionada a la finalidad perseguida. Una
exigencia, la de la proporcionalidad, especialmente necesaria en el ámbito de
los discursos políticos, en los que no hay margen posible de apreciación. Los
mensajes citados en el informe aprobado por el Pleno del Consejo a partir del
documento elaborado por el Área de Contenidos no se refieren a un grupo o
colectivo determinado y necesitado de especial protección por su situación de
vulnerabilidad; las manifestaciones no se dirigen contra una comunidad, cuyos
miembrospuedan ser objeto de
discriminación o segregación por razones de raza, color, orientación sexual, la
ascendencia o el origen étnico o nacional (extranjeros).
Como es evidente, los discursos y las frases incluidas en dicho Informe,
por muy desagradables que puedan ser, no se insertan en lo que se denomina “discurso
del odio”. La jurisprudencia europea y los diferentes documentos del Consejo de
Europa entienden que, en la medida que supone una restricción a una libertad
fundamental para el orden democrático, hay que interpretar restrictivamente su contenido
en las manifestaciones ridiculizadoras, injuriosas o difamatorias contra
determinadas partes de la población o contra ciertos grupos específicos -no contra individuos concretos, ya que al
mismo tiempo estos individuos son titulares de derechos fundamentales- y deben afectar a la dignidad, a la
seguridad de aquellas partes o grupos de la población. Esta interpretación
restrictiva y proporcionada es la que permite conciliar y ponderar la libertad
de expresión con los derechos de determinados grupos o colectivos necesitados
de especial protección y que a menudo son víctimas de actos delictivos.
No es posible interpretar extensivamente el término “discurso del odio”, y
menos en relación con un grupo indeterminado que no se encuentre en situación
de victimización o de desprotección, ya que este término se refiere solo a “aquellas
formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio
racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier otra forma de odio basado en
la intolerancia, incluida la intolerancia expresada bajo la forma de
nacionalismo agresivo y de etnocentrismo, de discriminación contra las minorías,
inmigrantes y otras personas procedentes de la inmigración” (Recomendación del
Consejo de Europa sobre el discurso del odio, 1997).
El informe aprobado por la mayoría -con el voto dirimente del presidente - no ha respetado las condiciones que la
jurisprudencia constitucional y europea ha establecido para limitar de manera
legítima el derecho a la libertad de expresión; en ningún momento ha
determinado de manera meticulosa y rigurosa cuál es el colectivo minoritario,
en situación de discriminación o de victimización, agredido por dichas
expresiones.
Nos referimos ahora a una de las excepciones que antes hemos apuntado.
Entendemos que, si bien la mayoría de manifestaciones no pueden ser
susceptibles de constituir una infracción, ya que el artículo 57.1 de la LGCA
debe ser interpretado necesariamente de manera restrictiva de acuerdo con la
jurisprudencia del TC y del TEDH, sí podría considerarse, en cambio, que el
comentario del fragmento 40 (Intereconomía TV, 12/09/13 20:16, programa Queremos opinar) puede ser objeto de
reprobación administrativa por el hecho de que el conductor o moderador del
debate no interviniera de modo adecuado para recriminar la expresión “[...] no podemos criticar que
haya gente que entre en las librerías, ni podemos criticar que haya gente que
empuje a no sé quién, ni podemos criticar que haya gente que viole las normas
porque se ha roto el estado de derecho”, en la medida que estas opiniones suponen una justificación de la violencia
y fomentan el desprecio.
Finalmente, en perspectiva diferente y que no ha sido objeto de análisis en
el Informe del Área Jurídica, creemos que deberían tomarse en consideración
algunos aspectos de los fragmentos 4 y 5 (13tv 13/9 20:30 y 13/9 20:44), que se
insertan en una tipología de programas que tienen carácter informativo: “La Unió Europea ha sacado un
informe que concluye que Cataluña es la región más corrupta y corrompida de
España y una de las más corruptas y corrompidas de toda Europa [...]; [...]
aunque hay 50.000 niños en Cataluña que pasan hambre, están desnutridos en las
calles o en los hogares [...]”. A nuestro entender, en estos fragmentos no se respeta el principio
constitucional de veracidad, entendido como exigencia de un deber de diligencia
en la obtención de la información (de acuerdo con lo establecido en el artículo
4.5 de la LGCA).
En relación con esta última consideración, cabe señalar que el TEDH ha
explicitado claramente los límites al ejercicio de la libertad de información
derivados de los deberes mínimos de respeto a las normas propias de la
profesión periodística: “La garantía que el artículo 10 ofrece a los
periodistas en lo que se refiere a la información sobre cuestiones de interés
general, está subordinada a la condición de que los interesados actúen de
buena fe de modo que suministren informaciones exactas y dignas de crédito en
el respeto de la deontología periodística”.
Todas estas consideraciones no han sido incluidas en el Acuerdo 147/2013.
Donat que s’han fets públic els acord adoptats pel CAC sobre l’Informe tramés al Governsobre la difusió de continguts on es comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia, directa o indirecta, de l’ús de la violència davant aquests plantejaments, i l’acord de remissió a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, sense adjuntar els vots particulars que hem formulat les conselleres Elisenda Malaret i Carme Figueras que, d’acord amb la legalitat vigent, s’haurien d’haver publicat conjuntament, els hi trametem pel seu coneixement.
Hem votat favorablement la part de l’acord en que es transcriuen les manifestacions detectades que podrien correspondre a la petició formulada pel Govern (que és l’origen de l’acord)
En canvi, no hem pogut votar favorablement la segona part de l’acord, donat que no compartim els raonaments i les conclusions jurídiques que el fonamenten.
Lamentem profundament no haver-nos pogut sumar a l’acord ja que compartim la preocupació pels perills que un discurs exacerbat i intolerant pot causar a llarg termini en les societats democràtiques. La discrepància rau en una diferent concepció de la llibertat d’expressió, ja que nosaltres entenem que precisament quan estem confrontats a expressions i idees que provoquen malestar i inclús rebuig és quan el judici d’una autoritat reguladora de l’audiovisual ha de ser més reflexiva. En el redactat dels nostres vots particulars s’explica abastament perquè entenem que no s’han respectat les exigències de la Constitució i el Conveni Europeu de Drets Humans. En reproduïm una part essencial:
Entenem que, si bé la majoria de les frases controvertides no deixen indiferent ni són inofensives, sinó que tot el contrari, “xoquen, ofenen e inquieten” a una part de la població, en la mesura que formen part del discurs polític han de ser analitzades des d’aquesta perspectiva. Aquesta aproximació és inherent al pluralisme, a l’apertura mental i a la tolerància, sense les quals no hi ha societat democràtica, com ha senyalat la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)
La protecció del discurs polític, per molt desagradable que sigui, exigeix examinar les declaracions de manera rigorosa i meticulosa. Com ha reiterat la jurisprudència del TEDH i ha establert la Recomanació del Consell d’Europa sobre el discurs de l’odi (1997), l’exigència de cura, la necessitat de procedir a una anàlisi especialment minuciosa, és fonamental i, per tant, cal interpretar restrictivament què forma part del discurs de l’odi.
Els discursos o frases citats en l’informe no es refereixen a un grup o col·lectiu determinat i necessitat d’especial protecció per la seva situació de vulnerabilitat; les manifestacions no es dirigeixen contra una comunitat els membres de la qual puguin ser objecte de discriminació o segregació per raons de la raça, el color, la orientació sexual, l’ascendència o l’origen ètnic o nacional (estrangers) i, per tant, no es poden inserir en el que es denomina “discurs de l’odi”.
Com a excepció, tal i com diem en el nostre vot particular, entenem que el comentari (Intereconomia TV, 12/9/13 20:16, programa Queremos opinar) “(...)no podemos criticar que haya gente que entre en las librerías, ni podemos criticar que haya gente que empuje a no sé quien (...)” en la mesura que suposa una justificació de la violència i fomenta el menyspreu podria ser susceptible de reprovació administrativa pel fet que el conductor del debat no intervingués de manera adequada per recriminar l’expressió.
Text íntegre del vot particular:
VOT PARTICULAR que emeten les conselleres senyores Carme Figueras i Elisenda Malaret a l’Acord 147/2013, de 20 de novembre, sobre la difusió de continguts on es comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia, directa o indirecta, de l’ús de la violència davant aquests plantejaments
El contingut de l’Acord 147/2013, de 20 de novembre, és el següent:
1.Aprovar l’Informe d’anàlisi 56/2013, de 15 de novembre, de l’Àrea de Continguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, sobre la difusió de continguts on es comparen plantejaments democràtics amb moviments totalitaris o es fa apologia, directa o indirecta, de l’ús de la violència davant aquests plantejaments i trametre aquest Informe al Govern de la Generalitat de Catalunya.
2.Aprovar l’Informe Jurídic 41/V/2013, de 18 de novembre, de l’Àrea Jurídica del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i trametre aquest Informe al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Hem votat favorablement l’apartat 1 -relatiu a l’aprovació d’un Informe en què es transcriuen les manifestacions que es podrien subsumir en la petició formulada per el Govern de la Generalitat- i, en canvi, hem votat en contra de l’apartat 2, ja que no compartim l’abast de la decisió adoptada en allò que fa referència a l’aprovació i la remissió d’un Informe elaborat per l’Àrea Jurídica del Consell. Com exposarem a continuació, no compartim ni els raonaments ni les conclusions d’aquest darrer Informe. En el text de l’Acord no s’hi explicita en cap moment que s’assumeixi com a propi del Ple, l’òrgan que té legalment atribuïdes totes les competències decisòries del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (apartat 3 de l’article 8 de la Llei 2/2000). El procediment decisori ha estat, d’altra banda, envoltat de deficiències.
Lamentem profundament que no ens puguem sumar a l’opinió de la majoria -obtinguda amb el vot diriment del president-, ja que compartim la preocupació en relació amb els perills que un discurs exacerbat e intolerant pot causar a llarg termini en les societats democràtiques. Però, en la mesura que diferim de la seva concepció de la llibertat d’expressió, no podem acceptar el contingut d’aquesta segona part de l’Acord. Entenem que precisament quan estem confrontats a expressions o idees que provoquen malestar i fins i tot rebuig, és quan el nostre judici ha de ser més reflexiu. Cal evitar que les nostres conviccions personals influenciïn en la manera de percebre el que és o no veritablement perillós. Només allò que és veritablement perillós per a la societat democràtica, o per als seus membres individualment considerats, queda fora de l’empara de la llibertat d’expressió.
Justament, amb el dret a la llibertat d’informació ens trobem davant d’una peça central del nostre sistema de llibertats, així com amb un element clau i determinant del bon funcionament del sistema democràtic. Tal com ja s’ha pogut deduir del que s’ha assenyalat fins aquí, sense una comunicació lliure (la qual inclou tant la lliure expressió com la lliure informació) esdevé impossible entendre vigent el principi democràtic que consagra l’apartat 1 de l’article 1 de la CE. Sense pretensió d’exhaustivitat, cal recordar que aquesta connexió entre l’article 20 CE, també pel que fa a la llibertat d’expressió, i la contribució a la formació d’una opinió pública lliure com a eix central de funcionament del sistema democràtic, ha estat destacada per part del Tribunal Constitucional reiteradament.
L’Informe de l’Àrea Jurídica considera que “les emissions efectuades pels prestadors de serveis de comunicació audiovisual 13tv i Intereconomía TV, identificades en els 43 fragments de l’Informe 56/2013 de l’Àrea de Continguts, constitueixen una infracció molt greu tipificada en l’apartat 1 de l’article 57 de la Llei general de comunicació audiovisual (LGCA), atès que de forma manifesta fomenten l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de nacionalitat o opinió”. Per tant, s’infereix d’aquest judici que aquestes manifestacions detectades no estarien emparades per la llibertat d’expressió i d’opinió.
Establir una infracció que duu aparellada una sanció constitueix una ingerència, en aquest cas, en una llibertat fonamental en una societat democràtica. Per determinar la legitimitat de la mesura que es proposa de manera implícita, haurem d’examinar si s’han respectat les exigències que estableixen la Constitució i el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH).
Com es descriu en l’Informe aprovat pel Ple a partir del document elaborat per l’Àrea de Continguts, les manifestacions que es consideren constitutives d’infracció han estat realitzades en espais i formats d’opinió, que, generalment, se situen fora dels programes de caràcter informatiu, amb alguna excepció sobre la que després tornarem. L’anàlisi de les manifestacions que l’Informe jurídic considera constitutives d’infracció s’haurà d’efectuar a partir del dret fonamental a la llibertat d’expressió i difusió de pensaments, idees u opinions que consagra la lletra a de l’apartat 1 de l’article 20 de la Constitució. Com és prou conegut, l’article 20 de la Constitució proclama com a drets fonamentals la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació (entesa tant des del punt de vista de l’emissor com del receptor).
Cal reiterar aquí, d’altra banda, les diferències existents entre l’exercici de la llibertat d’informació i el de la llibertat d’expressió, en la mesura que ambdues llibertats cobreixen àmbits o modalitats diferents de la comunicació. Aquestes diferències són especialment rellevants -tal com també ha estat apuntat ja- en la mesura que suposen l’aplicació d’un règim jurídic constitucional diferent en cada cas, en especial pel que fa als límits exigibles. Com podem veure, d’una banda, és clar que el dret a la llibertat d’expressió no pot, en principi, trobar el seu límit en la veracitat d’allò que es comunica, en la mesura que les idees, les opinions i els judicis de valor, si bé es poden referir a fets reals, presenten una naturalesa abstracta i estrictament subjectiva, que fa inaplicables els test de veracitat i diligència i de deontologia professional que sí que són procedents, en canvi, en relació amb l’exercici d’activitats informatives. I, paral·lelament, és evident que la llibertat d’expressió troba els seus límits en el respecte a l’honor i la dignitat de les persones.
Caldrà tenir present la jurisprudència del TEDH, la qual té un efecte interpretatiu, en relació amb els drets fonamentals recollits en el nostre text constitucional. Com és àmpliament conegut, el Tribunal constitueix una peça institucional fonamental del sistema europeu de protecció dels drets fonamentals, basat en el CEDH de 4 de novembre de 1950. D’especial interès resulten les sentències del Tribunal en aquells casos en què aplica i explicita l’abast del que preveu l’article 10 del CEDH. Cal emfatitzar, en qualsevol cas, que les sentències del TEDH referides a drets i llibertats, com el que ara ens ocupa, són acceptades com una font interpretativa per part de les jurisdiccions constitucionals dels estats signataris de la Convenció, i utilitzades sovint per interpretar l’abast dels drets reconeguts dins dels ordenaments nacionals. Clarament, aquesta és l’opció que segueix el nostre Tribunal Constitucional d’acord amb el que preveu l’apartat 2 de l’article 10 de la CE. De manera que, en definitiva, el recurs a la jurisprudència del TEDH permet aplicar un estàndard unificat europeu de protecció de drets i llibertats reconeguts per la Constitució espanyola.
Entenem que, si bé la majoria de las frases controvertides -amb una excepció sobre la que després tornarem- no deixen indiferent ni són inofensives, sinó tot el contrari, “xoquen, ofenen e inquieten” (caracterització ben coneguda en les jurisprudències occidentals i típica en la jurisprudència del TEDH ) una part de la població i, en la mesura que formen part del discurs polític, han de ser analitzades des d’aquesta perspectiva. Aquesta aproximació és inherent al pluralisme, a l’obertura mental i a la tolerància, sense les quals no hi ha societat democràtica, com ha assenyalat la jurisprudència del TEDH.
La protecció del discurs polític, per molt desagradable que sigui, exigeix examinar les declaracions de manera rigorosa i meticulosa. Com ha reiterat la jurisprudència del TEDH i ha establert la Recomanació del Consell d’Europa sobre el discurs de l’odi (1997), l’exigència de cura, la necessitat de procedir a una anàlisi especialment meticulosa, és fonamental.
En aquesta direcció, entenem que ni en l’Informe de l’Àrea Jurídica, ni en la fonamentació de l’Acord es compleixen els requisits que la jurisprudència del TC i del TEDH han establert per admetre una limitació del dret a la llibertat d’expressió. No es procedeix en cap moment a verificar en quina mesura existeix “una necessitat imperiosa” per a una societat democràtica de considerar que les manifestacions realitzades hagin de ser sancionades com a infractores de la legalitat vigent -en aquest cas, contràries a la Llei general de comunicació audiovisual (LGCA)-, ni tampoc s’hi examina si la mesura sancionadora que es desprèn de la tipificació de la infracció és proporcionada a la finalitat perseguida. Una exigència, la de la proporcionalitat, especialment necessària en l’àmbit dels discurs polític, en què no hi ha marge possible d’apreciació. Els missatges citats a l’informe aprovat pel Ple del Consell a partir del document elaborat per l’Àrea de Continguts no es refereixen a un grup o col·lectiu determinat i necessitat d’especial protecció per la seva situació de vulnerabilitat; les manifestacions no es dirigeixen contra una comunitat, els membres de la qual puguin ser objecte de discriminació o segregació per raons de la raça, el color, l’orientació sexual, l’ascendència o l’origen ètnic o nacional (estrangers).
Com és evident, els discursos i les frases inclosos a l’Informe esmentat, per molt desagradables que puguin ser, no s’insereixen en el que es denomina “discurs de l’odi”. La jurisprudència europea i els diferents documents del Consell d’Europa entenen que, en la mesura que suposa una restricció a una llibertat fonamental per a l’ordre democràtic, cal interpretar-ne restrictivament el contingut a les manifestacions ridiculitzadores, injurioses o difamatòries contra determinades parts de la població o contra certs grups específics -no contra individus concrets, ja que alhora aquests individus són titulars de drets fonamentals- i han d’afectar la dignitat, la seguretat d’aquelles parts o grups de la població. Aquesta interpretació restrictiva i proporcionada és la que permet conciliar i ponderar la llibertat d’expressió amb els drets de determinats grups o col·lectius necessitats d’especial protecció i que sovint són víctimes d’actes delictius.
No és possible interpretar extensivament el terme “discurs de l’odi”, i menys en relació amb un grup indeterminat que no es trobi en situació de victimització o de desprotecció, ja que aquest terme només fa referència a “aquelles formes de expressió que propaguen, inciten, promouen o justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme o qualsevol altra forma d’odi basat en la intolerància, inclosa la intolerància expressada sota la forma de nacionalisme agressiu i d’etnocentrisme, de discriminació contra les minories, immigrants i altres persones provinents de la immigració” (Recomanació del Consell d’Europa sobre el discurs de l’odi, 1997).
L’informe aprovat per la majoria -amb el vot diriment del president- no ha respectat les condicions que la jurisprudència constitucional i europea ha establert per limitar de manera legítima el dret a la llibertat d’expressió; en cap moment ha determinat de manera meticulosa i rigorosa quin es el col·lectiu minoritari, en situació de discriminació o de victimització, agredit per les expressions esmentades.
Ens referim ara a una de les excepcions que abans hem apuntat. Entenem que, si bé la majoria de manifestacions no poden ser susceptibles de constituir una infracció, ja que l’apartat 1 de l’article 57 de la LGCA ha de ser interpretat necessàriament de manera restrictiva d’acord amb la jurisprudència del TC i del TEDH, sí que es podria considerar, en canvi, que el comentari del fragment 40 (Intereconomía TV, 12/9/13 20:16, programa Queremos opinar) pot ser objecte de reprovació administrativa pel fet que el conductor o moderador del debat no intervingués de manera adequada per recriminar l’expressió “[...] no podemos criticar que haya gente que entre en las librerías, ni podemos criticar que haya gente que empuje a no sé quién, ni podemos criticar que haya gente que viole las normas porque se ha roto el estado de derecho”, en la mesura que aquestes opinions suposen una justificació de la violència i fomenten el menyspreu.
Finalment, en perspectiva diferent i que no ha estat objecte d’anàlisi en l’Informe de l’Àrea Jurídica, creiem que caldria prendre en consideració alguns aspectes dels fragments 4 i 5 (13tv 13/9 20:30 i 13/9 20:44), que s’insereixen en una tipologia de programes que tenen caràcter informatiu: “La Unió Europea ha sacado un informe que concluye que Cataluña es la región más corrupta y corrompida de España y una de las más corruptas y corrompidas de toda Europa [...]; [...] aunque hay 50.000 niños en Cataluña que pasan hambre, están desnutridos en las calles o en los hogares [...]”.Al nostre entendre, en aquests fragments no es respecta el principi constitucional de veracitat, entès com a exigència d’un deure de diligència en l’obtenció de la informació (d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 4 de la LGCA).
En relació amb aquesta darrera consideració, cal assenyalar que el TEDH ha explicitat clarament els límits a l’exercici de la llibertat d’informació derivats dels deures mínims de respecte a les normes pròpies de la professió periodística: “La garantia que l’article 10 ofereix als periodistes en allò que es refereix a la informació sobre qüestions d’interès general, està subordinada a la condició que els interessats actuïn de bona fe de manera que subministrin informacions exactes i dignes de crèdit en el respecte de la deontologia periodística”.
Totes aquestes consideracions no han estat incloses en l’Acord 147/2013.
